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INSTITUCIONAL

jueves, 25 de junio de 2009

El domingo votamos

Votar es ejercer un derecho ciudadano. Es la forma más simple y directa de influenciar en la vida política de la Nación. El derecho a votar es uno de los privilegios fundamentales de una democracia, es una oportunidad de ejercer su derecho protegido por la Constitución y de participar en una toma de decisión política.
Para los argentinos, fue un gran logro institucional consolidar la democracia; pero nos falta entender que igual nivel de importancia tiene el concepto de "república". Cuando uno vota, le está delegando un enorme poder a quien ha elegido para un determinado cargo. Para que los funcionarios no violenten los derechos de sus conciudadanos, la Constitución nacional divide este poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, establece los límites para las funciones de cada uno y les manda controlarse mutuamente.
En naciones maduras (modestamente creo que todavía nos faltan algunos años para esta madurez) , una elección legislativa sólo determina la composición de las cámaras en las que se discutirán las políticas que hacen al bien común y las soluciones a los problemas de la gente.
Acá, votamos si le renovaremos la suma del poder público al líder de turno o corremos el riesgo de que se diluya la gobernabilidad y tengamos dos años y medio de espera para que se resuelvan los incontables problemas que tiene la Argentina.
Para cambiar esta realidad, lo primero es comprender que la decadencia argentina no es responsabilidad de los políticos, de un sistema de elección o de que la "gente" vota mal. Eso es desentenderse nuevamente de la propia responsabilidad cívica y no tener en cuenta que la construcción de nuestro futuro y el de nuestros hijos es demasiado importante para delegárselo a otro. Somos cada uno, en las pequeñas y grandes acciones diarias, los que contribuimos a la calidad institucional. Cuando respetamos nuestro lugar en la "cola" o las normas de tránsito o pagamos nuestros impuestos, o no tiramos papeles en la calle. A partir de allí, se gana el derecho a exigirles lo mismo a los demás, y a nuestros representantes, que cumplan con lo que dice la Constitución Nacional.

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